Renuncia directora de Gestión de Riesgos de Ecuador tras investigación por supuesto sobreprecio en kits de alimentos

(CNN Español) -- Alexandra Ocles renunció este lunes a la dirección del Servicio de Gestión de Riesgos de Ecuador luego de que la Fiscalía iniciara una investigación por un posible sobreprecio en la compra de 7.000 kits de alimentos en medio de la emergencia sanitaria por el covid-19.

Ocles defendió su labor en su carta de renuncia, insistió en que el proceso de compra de los kits alimenticios se hizo “apegado a la norma”, y enfatizó en que su dimisión es por “el bienestar de los ecuatorianos”.

En la comunicación Ocles sostiene que su equipo de trabajo “vigiló cada paso” del proceso de compra, y que ella misma solicitó a la Contraloría del Estado “hacer una revisión del mismo”.

En su cuenta de Twitter, el presidente Lenín Moreno informó que aceptó la renuncia de la funcionaria y designó a Rommel Salazar como nuevo director general de Gestión de Riesgos.

La Fiscalía informó el viernes del allanamiento de las oficinas del Servicio de Gestión de Riesgos debido a denuncias por presunto sobreprecio en la compra de los 7.000 kits de alimentos.

Los kits tendrían un precio referencial de US$ 86, pero habrían sido adquiridos por US$ 150 cada uno, porque incluye el embalaje individual que, según Ocles, es “hermético, reutilizable e impermeable” para que los alimentos estén protegidos.

Según la Fiscalía, Ocles habría firmado un contrato de compra por US$ 1.055.740.

La institución judicial indicó que continuará con las diligencias “para determinar si existen o no irregularidades”.

De acuerdo con la ahora exfuncionaria, el proceso de adquisición de los kits se hizo de forma transparente y bajo estándares de calidad, embalaje, conservación y transportación adecuados. Agregó que el contrato no ha sido pagado y que tampoco se han recibido los productos.

La Contraloría General del Estado informó sobre el inicio de un examen especial al proceso de adquisición de los 7.000 kits para la atención a personas afectadas por la pandemia. La institución de control solicitó los precios unitarios de los productos.

El examen, según la Contraloría, tiene como objetivo “verificar que estas operaciones se efectuaron en apego a la normativa vigente” y respetando la eficiencia en el uso de dineros públicos.