La ley de Alabama siembra el pánico entre los inmigrantes ilegales

Por Gustavo Valdés

La tinta apenas se había secado sobre la orden que firmó la jueza Sharon Lovelace Blackburn, en la que permitió que la nueva ley de inmigración de Alabama entrara en vigor parcialmente, cuando el miedo ya se había difundido entre algunos grupos de la comunidad hispana local.

“Estamos en pánico”, dijo María Morales, una migrante indocumentada que vive en la ciudad de Montgomery.

La ley, conocida como HB56, es considerada la más dura del país porque permite a los policías locales cuestionar sobre su estatus migratorio a las personas que son investigadas por un delito, si tienen razones para pensar que están en Estados Unidos de forma ilegal, así como mantenerlas presas hasta entregarlas a las autoridades de inmigración.

“Ni siquiera podemos salir a comprar comida”, dijo Perla Pérez, otra migrante indocumentada que ha vivido en Alabama durante los últimos cinco años.

La legislación también estableció la obligación de las escuelas públicas para que verifiquen el estatus migratorio de los niños nacidos en otro país y de sus padres.

“No tengo temor por mí”, dijo Pérez, quien tiene dos hijos que nacieron en Estados Unidos. “Si quieren deportarme, está bien. ¿Pero entonces qué va a pasar con mis hijos? ¿Quién cuidará de ellos?”

El gobierno estatal indicó que 1.171 estudiantes hispanos faltaron a clases el miércoles, antes de que la norma entrara en vigor. El viernes se registraron 1.988 ausencias en Alabama, un aumento de 817 casos.

Tom Salter, vocero del distrito escolar de Montgomery, dijo que 200 niños faltaron a sus escuelas el jueves, el día de la entrada en vigor. Señaló que la cifra de ausencias bajó a 100 el viernes.

El departamento encargado de la enseñanza del idioma inglés ha contactado a unos 400 estudiantes hispanos para alentarlos a que sigan yendo a clases.

Larry Craven, titular interino del Departamento de Educación de Alabama, dijo el viernes en una conferencia de prensa que las escuelas cumplirán con la ley revisando el estatus migratorio de los alumnos, pero que a nadie se le negará el derecho a una educación.

Morales relató que, como ella, sus hijos son indocumentados, por lo que tiene miedo de enviarlos a clases.

“Van a investigarnos a través de nuestros niños”, dijo.

El viernes, el Departamento de Justicia y otros opositores a la legislación promovieron un recurso legal para suspender su ejecución hasta que la Corte del Distrito 11 de Atlanta revise la apelación. La jueza Lovelace Blackburn anunció que este martes es la fecha límite para escuchar los argumentos de todas las partes.

El senador estatal Scott Beason dijo que el fallo de la jueza es una victoria para el estado de Alabama.

“Esperamos que la gente que esté aquí lo haga legalmente. Tenemos los brazos abiertos, tenemos toda la hospitalidad para la gente que venga a Alabama legalmente. Pero si estás aquí ilegalmente, habrá un desafío”, declaró.

Algunos migrantes también se están preparando para lo peor. El dueño de una tienda de alimentos mexicanos, quien pidió no ser identificado porque llegó a Estados Unidos ilegalmente, admitió estar preocupado porque quizá tenga que cerrar. La licencia de su negocio expiró el viernes y cree que ahora no podrá renovarla porque carece de una identificación.

Pidió a un amigo que haga los trámites necesarios para que se encargue de sus hijos en caso de que él o su esposa sean deportados.

Pero incluso si se queda en su negocio, enfrentará tiempos difíciles. Dice que las ventas cayeron después de que se presentó la ley HB56 y se desplomaron más tras su promulgación.

“A veces no tenemos suficiente dinero para pagar nuestras cuentas, así que mi esposa tiene que trabajar limpiando casas”, dijo.

Hacia la noche del jueves pasado, un rumor comenzó a circular entre los vecinos de parque de casas móviles donde viven muchos hispanos: la llegada de la policía. En algunos minutos, las calles se vaciaron y las personas llamaron a sus amigos y familiares para advertirles de una posible amenaza que nunca llegó.