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El gobierno de EE.UU. desafía la autoridad de Alabama por la ley de inmigración HB56
Por Gustavo Valdés, CNN
(CNN) -- El Departamento de Justicia de Estados Unidos afirmó este viernes que sí tiene la autoridad para investigar supuestas violaciones de derechos civiles de estudiantes en Alabama.
Esa fue la respuesta del gobierno de Barack Obama al fiscal de ese estado, Luther Strange, que había cuestionado la autoridad federal de investigar supuestos abusos en la implementación de la Ley HB56 contra la inmigración ilegal.
El fiscal adjunto de derechos civiles del Departamento de Justicia, Thomas Pérez, dijo estar revisando denuncias de posibles actos de discriminación y violaciones de leyes federales.
El Departamento de Educación de Alabama informó esta semana de un aumento considerable en las ausencias de estudiantes a clases, que algunos creen sería consecuencia de la aplicación de la ley, aunque no se tendrán cifras definitivas hasta dentro de varios meses.
Un grupo de senadores dijo el viernes que presentará una propuesta que, si se aprueba, impediría al gobierno federal demandar a estados que sancionen leyes contra la inmigración ilegal como Arizona, Georgia y Alabama.
El senador de Carolina del Sur, Lindsey Graham, uno de los impulsores de la iniciativa, dijo en un comunicado que “es absurdo que el gobierno del presidente Obama, que ha fracasado en la implementación de las leyes inmigratorias del país, impida a Carolina del Sur, Alabama y Arizona dar los pasos necesarios para proteger a sus ciudadanos y defender la ley”.
El Departamento de Seguridad Interior anunció que durante el año fiscal que terminó en octubre hubo un récord de deportaciones de inmigrantes ilegales en los últimos ocho años.
El congresista por el estado de Illinois demócrata Luis Gutiérrez elogió recientemente las demandas contra leyes como ésta, pero también criticó a la Casa Blanca por deportar a las personas arrestadas al amparo de esta ley.
La ley HB56 de Alabama entró en vigor casi en su totalidad el 28 de septiembre después de que una juez federal lo permitiera y aprobara el derecho a que la policía indague y detenga a personas sospechosas de permanecer ilegalmente en el país.
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