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México

Presidente de México promete seguir luchando contra los carteles

Por Sebastián Jiménez Valencia

Ciudad de México (CNN) – El presidente mexicano Felipe Calderón defendió su estrategia de guerra contra las drogas el domingo, prometiendo continuar su lucha contra el crimen organizado.

Calderón habló durante un evento celebrando los cinco años de su presidencia. El presidente mexicano declaró una ofensiva contra los carteles poco después de asumir su cargo en diciembre de 2006, desplegando miles de tropas en algunas partes del país.

Con un año pendiente de mandato, las declaraciones de Calderón se presentan en medio de las campañas políticas entre los candidatos que esperan sucederlo. La situación de seguridad de México y las tácticas del gobierno para enfrentar a los carteles de la droga seguramente serán temas protagonistas en los debates de las elecciones del próximo año.

Calderón además advirtió que los carteles ya están “amenazando a la democracia” al intentar manipular los resultados electorales.

El presidente de México elogió los resultados de su gobierno en la lucha contra el crimen, señalando que 21 de los 37 criminales de la lista de más buscados del país han sido capturados o dados de baja.

El mandatario pidió continuar los esfuerzos para acabar con la corrupción y fortalecer las instituciones judiciales.

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“El país necesita ser capaz de contar en una policía honesta que sirva a los ciudadanos y no a los criminales”, puntualizó.

Calderón también dijo que su gobierno está comprometido con los derechos humanos, y afirmó que ha reaccionado rápidamente cuando se han reportado violaciones.

Las críticas a la estrategia de lucha contra las drogas y las cifras del país en derechos humanos han aumentado. El mes pasado, un grupo de activistas presentó una queja en la Corte Penal Internacional en La Haya, Países Bajos, denunciando más de 470 casos de violaciones de derechos humanos contra mujeres y niños.

La presidencia emitió un comunicado llamando a las acusaciones  “falsas y calumniosas”, diciendo que el gobierno ha condenado y actuado judicialmente contra los responsables de los hechos.