Baltasar Garzón se niega a responder las preguntas de la fiscalía

MADRID, España (CNN) — El juez español Baltasar Garzón se negó este martes a responder a las preguntas de un fiscal durante una audiencia en su juicio por cargos de abuso de autoridad.

Garzón se sentó y escuchó en silencio mientras el abogado Joaquín Ruiz Infante leyó todas sus preguntas para ponerlas en los registros de la corte.

El caso se centra en la investigación de Garzón por violaciones a los derechos humanos bajo el régimen del general Francisco Franco, el dictador que gobernó España por cuatro décadas, hasta su muerte en 1975.

Un panel de siete jueces del Tribunal Supremo rechazó los pedidos de los fiscales y de la defensa de Garzón de desechar el caso, lo que permitió el inicio de una acusación popular.

Luego de que el abogado de la acusación popular leyó sus preguntas, el defensor de Garzón, Gonzalo Martínez Fresneda, interrogó al acusado.

Garzón dijo que comenzó una investigación en diciembre de 2006 con base a indicaciones de que hubo abusos a los derechos humanos durante el gobierno de Franco.

Todas las acusaciones de víctimas indicaron que hubo crímenes, dijo, por lo que lanzó la investigación. Los potenciales crímenes incluyen asesinatos y desapariciones forzadas, incluyendo la de niños, según testificó Garzón.

Unos 20 manifestantes aplaudieron al juez mientras entraba a la corte este martes por la mañana.

Los jueces comenzaron las audiencias del caso la semana pasada, días después de que otro panel de siete jueces en la misma corte llevó a juicio a Garzón, por abusar de su autoridad judicial en un caso de corrupción financiera.

Garzón, de 56 años, fue suspendido de su cargo en 2010, a la espera de dichos juicios. Si es encontrado culpable, no iría a prisión pero perdería de forma permanente su derecho a enjuiciar en España.

Muchos observadores afirman que el segundo juicio es el más importante contra Garzón, que se convirtió en una figura internacional en 1998 cuando buscó la extradición del exdictador chileno Augusto Pinochet, quien se encontraba en un hospital de Londres. Garzón lo acusó de asesinar a españoles en Chile, así como de genocidio.

Reed Brody, de la organización Human Rights Watch, afirmó que el juicio contra Garzón por su investigación del franquismo representa “la primera vez en una democracia consolidada” y en la Unión Europea que un juez “es acusado por investigar abusos contra los derechos humanos”.

“Garzón está siendo acusado por intentar aplicar en España los mismos principios que aplicó internacionalmente. Una democracia necesita jueces que no teman”, dijo Brody durante una conferencia de prensa en Madrid el pasado 23 de enero, flanqueado por otros observadores internacionales que acuden a las audiencias del juicio.

El primer juicio, por corrupción, duró tres días, y ahora el panel de siete jueces debe de decidir un veredicto.

En el caso relacionado con el franquismo, una pequeña organización de sirvientes civiles llamada Manos Limpias presentó los cargos contra Garzón, quien presuntamente ignoró una ley de amnistía aprobada en 1977 por el Parlamento español, dos años después de la muerte de Franco.

“El Parlamento aprobó por unanimidad la ley de amnistía. El juez Baltasar Garzón tomó una postura como si ellos estuvieran locos. ¿Qué piensa? ¿Qué es mejor que ellos?”, dijo Miguel Bernard, líder de Manos Limpias.

Bernard negó las acusaciones de sus críticos de que su pequeño grupo es un frente de la extrema derecha, pero dijo a CNN que está orgulloso de haber recibido un honor el mes pasado de la Fundación Francisco Franco.

Garzón fue durante 22 años un magistrado de la Corte Nacional, que investigaba casos de terrorismo y otros asuntos delicados, entre ellos al líder de Al-Qaeda, Osama bin Laden, al grupo terrorista vasco ETA, y a traficantes de droga.

En el pasado, Garzón ha sido considerado favorito de la derecha o la izquierda, dependiendo del caso que investigaba. Sus críticos lo acusan de ser demasiado extravagante y de buscar las cámaras.

Desde que fue suspendido en 2010, Garzón ha trabajado como asesor legal fuera de España en casos de derechos humanos y otros asuntos judiciales, incluida Latinoamérica.