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Detener inmigrantes ilegales deriva en un negocio en auge en EE.UU.
(CNNMéxico) — Grupos de defensa de inmigrantes indocumentados denuncian que la detención de estos se ha convertido en un negocio para las empresas carcelarias de Estados Unidos, que cada vez reciben más fondos del gobierno.
“Estas compañías decidieron enfocarse obviamente en el área de inmigración”, dijo Isabel García, abogada de la Coalición de Derechos Humanos, en entrevista con CNN en Español. Dicha coalición, con sede en Arizona, se especializa en la lucha contra la discriminación y las violaciones de derechos humanos cometidas por agentes federales, estatales y locales.
Las prisiones administradas por el gobierno no tienen la capacidad de albergar a los acusados de delitos estatales o federales, por lo que recurren desde 1996 a empresas privadas que se encarguen del proceso tras la detención de los presos.
La Patrulla Fronteriza y la Agencia de Control e Inmigración (ICE) detiene diariamente a más de 33,000 inmigrantes en todo el país. En los últimos cinco años, el número anual de detenidos por no contar con una residencia legal y los costos por su detención se han duplicado, de acuerdo con el reporte The Influence of the Private Prison Industry in Immigration Detention, de la coalición de investigación Detention Watch Network, formada por organizaciones que velan por los intereses de los inmigrantes.
En 2010, el costo generado por dichas detenciones fue de 1.770 millones de dólares, y la estancia y la detención de cada preso cuesta 164 dólares diarios, de acuerdo con datos oficiales del ICE.
El Departamento de Seguridad Nacional solicitó cerca de 2.000 millones de dólares para destinarlos a la detención de inmigrantes en el periodo del año fiscal 2013 (del 1 de octubre de 2012 al 30 de septiembre de 2013). Esta cantidad proporciona al ICE fondos para detener a 32,800 personas en 250 centros de detención con un costo diario de 5,350 millones de dólares, de acuerdo al reporte The Math of Immigration Detention del National Inmigration Forum.
La Corporación de Correccionales de Estados Unidos (CCA, por sus siglas en inglés) es la mayor compañía carcelaria del país, con cerca de 70 prisiones. En 2012, reportó haber recibido 1,750 millones de dólares por parte del gobierno estatal y federal. Se estima que cerca del 50% de este monto se destinó a la inmigración, sector que representa casi la mitad de la población en las prisiones de Arizona.
La activista Isabel García denuncia que compañías como CCA no se conforman con las ganancias que generan las detenciones y que están cabildeando en el Congreso para que se aprueben medidas más restrictivas.
Ante las acusaciones, la empresa ha refutado que esa sea la intención del cabildeo. “El foco principal de nuestro cabildeo es la educación en beneficio de una alianza de los sectores público y privado para la detención y en general, para los servicios que proveemos”, dijo Steve Owen, vocero de la CCA, para CNN en Español.
El ejemplo de Arizona
Uno de los estados en los que mejor se evidencia este fenómeno es Arizona, donde se han implementado políticas de tolerancia cero, como la ley SB 1070. La legislación autoriza a la policía para cuestionar el estatus migratorio de las personas basándose en sospechas e incluye el Operativo Streamline, por el que trasladan a los detenidos a una prisión para su proceso y condena.
En el estado del sur de EU, la mayor parte de las detenciones de inmigrantes se atribuye a la falta de documentación y no a delitos más graves. Del 1 de octubre de 2012 al 31 de mayo de 2013, se arrestaron en Arizona a 94,494 inmigrantes indocumentados, según datos proporcionados por la Patrulla Fronteriza Sector Tucson a la agencia EFE.
Los estados con el mayor número de inmigrantes detenidos por día en instalaciones privadas son Texas (6,115), Georgia (1,804) y Arizona (1,779), según el reporte de Detention Watch Network.
“El de Arizona es el distrito judicial federal que más gasta en servicios de detención. En los últimos años, gastamos entre 160 y 200 millones anuales”, dijo Fidencio Rivera, jefe de alguaciles del Distrito de Arizona, en entrevista con CNN en Español. Se estima que mediante el Operativo Streamline, cada hora la corte federal de Tucson enjuicia a 70 inmigrantes, que permanecen de 30 a 180 días en cárceles de la CCA.
Esta empresa cuenta con contratos de exclusividad para albergar a los detenidos por la Oficina del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos y el ICE en Arizona. Sin embargo, CCA no es el único beneficiado de este negocio, otras compañías como GEO Group, Inc. y Management and Training Corporation, también reciben ganancias.
El Operativo Streamline se implementó por primera vez en Texas en 2005 y en Arizona en 2008. La idea es que quien tenga intenciones de cruzar la frontera sin la documentación necesaria sepa que, si es atrapado, pasará un tiempo en la cárcel.
El actual proyecto de reforma inmigratoria, diseñado por el Grupo de los Ocho, destina 4,500 millones de dólares para la seguridad de la frontera sur y prevé la contratación de 3,500 agentes adicionales a la Patrulla Fronteriza, de acuerdo con un reporte de la agencia EFE. Las cifras suponen que los fondos se triplicarán para el Operativo Streamline y que su implementación se extenderá en otras áreas.
Valeria Fernández, desde Arizona, contribuyó con este reporte.