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Venezuela

¿Está la oposición de Venezuela en un callejón sin salida?

Por CNN Español

(CNN Español) -- La crisis política e institucional en Venezuela está en un nuevo capítulo, delicado y complejo.

Desde que el 30 de marzo el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) emitió una sentencia para asumir las competencias de la Asamblea Nacional –de mayoría opositora–, el país se ha sumido en una profunda crisis institucional agravada por los problemas sociales y de desabastecimiento de productos básicos. Tres días después, el alto tribunal dio marcha atrás, pero el descontento de los venezolanos no se detuvo y han seguido saliendo de manera masiva a las calles.

Los partidos opositores piden cuatro cosas: que se inhabilite a los jueces de la Corte Suprema, que se celebren elecciones libres tan pronto como sean posibles, la liberación de los políticos presos, como López, y ayuda humanitaria para comida y medicinas en Venezuela.

Señal en vivo: cnnespanol.com/envivo

 

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Students take part in a protest against Venezuelan President Nicola Maduro on the main highway in Caracas on March 30, 2017. Venezuela's Supreme Court took over legislative powers Wednesday from the opposition-majority National Assembly, whose speaker accused leftist President Nicolas Maduro of staging a "coup." / AFP PHOTO / Juan BARRETO (Photo credit should read JUAN BARRETO/AFP/Getty Images)

Este viernes, la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, dijo que la medida del TSJ era una "ruptura del orden constitucional" (JUAN BARRETO/AFP/Getty Images).

 

La crisis se ha agudizado y las protestas han dejado ya a 26 personas muertas, cientos de heridos y más de 1.200 detenidos. La oposición sigue pidiendo elecciones, pero el gobierno no ha cedido.

¿Se está quedando oposición en un callejón sin salida? ¿Qué opciones le quedan a la oposición en Venezuela?

Según el abogado constitucionalista y analista político venezolano Pedro Afonso del Pino, no es la oposición la que ahora queda acorralada; es el Gobierno mismo.

“No está acorralada, tiene lo más importante que es un gran respaldo popular. Su conflicto es poder viabilizar y canalizar ese respaldo popular a través de un sistema político que no está permitiendo elecciones”, le dijo Afonso del Pino a CNN en Español, vía telefónica desde Caracas.

“Acorralado empieza a verse el Gobierno, que desde el punto de vista interno está en el precipicio de la popularidad, que se está quebrando porque varios diputados e incluso la fiscal general se han mostrado en contra de las decisiones que toma, que tiene una gran presión en las calles y en el mundo, con países retirando a sus embajadores. Es el Gobierno el que está acorralado, pero todavía está a tiempo de evitar que las cosas empeoren, todavía puede corregir el rumbo”, afirma el abogado constitucionalista.

Afonso del Pino calificó la sentencia el TSJ como “una de las mayores atrocidades y aberraciones” de ese alto tribunal, dice que desde el punto de vista jurídico “no hay ahora a quién apelar” y "la oposición está en un callejón sin salida", pero está convencido de que desde una perspectiva política la lectura es distinta.

“Eso es muy importante porque podría, eventualmente, tener un efecto multiplicador en otros altos funcionarios del Gobierno. Por eso el efecto político es distinto y es tan fuerte, porque se quiebra la moral del partido del Gobierno”.

Diputados opositores protestaron afuera de la sede del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (JUAN BARRETO/AFP/Getty Images).

Para Luis Vicente León, analista y presidente de la firma Datanálisis, la situación para la oposición “desde el punto de empírico no ha cambiado y es igual a la del martes”, antes de que se anunciara la decisión del Tribunal Supremo de Justicia.

“Siendo sinceros, no ha pasado nada más que la formalización de una situación de facto que ocurría desde la instalación de la Asamblea Nacional. Lo que ahora reconoció el TSJ de manera formal en la práctica ya venía pasando, la diferencia es que lo hicieron transparente, explícito”, explicó León a CNN en Español.

Posición con la que concuerda Moisés Naim, analista, escritor y columnista venezolano, para quien “el golpe de Estado del que ahora se ha habla ya venía de hace tiempo”. La diferencia, le dijo a CNN en Español, es que ahora el Gobierno “se quitó la careta”. Y con lo del TSJ “se cerró otro camino para la oposición, pero esta todavía tiene vías de salida”.

“Lo máximo que ahora puede hacer la Asamblea es funcionar como elemento político simbólico, que no es menos importante”, opina León. “La oposición debe seguir demostrando esa simbología ante una decisión que evidentemente compromete los derechos constitucionales y la democracia”.

Algo que se complementaría con protestas pacíficas de los ciudadanos, afirma el presidente de Datanálisis. “Las manifestaciones son un arma más, no la única, pero lo importante es no entenderlas como un intento de sacar por la fuerza al Gobierno, sino de lograr la reinstitucionalización del país. No se trata de cambiar a alguien, sino de cambiar algo, y eso es algo que la oposición debe tener claro”.

En un enérgico discurso en el que incluso rompió el documento con la resolución del TSJ, el presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Julio Borges, instó en se entonces a los venezolanos a salir a las calles y afirmó que la decisión del tribunal es un claro que ejemplo de que Venezuela esta en dictadura.

MIRA: Borges: Maduro dio un golpe de Estado a Venezuela

Según Cecilia Sosa, jurista y expresidenta de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela, más que cerrarle el camino a la oposición, lo ocurrido el miércoles les cierra el camino a los ciudadanos.

“Este no es un problema de la oposición, es un problema de todos, es un problema que atañe al ciudadano, al poder soberano que eligió a unos diputados sin importar su origen político. El problema es que hoy el TSJ ha suprimido de manera indirecta un poder del Estado electo por el pueblo”, le dijo Sosa a CNN en Español. “¿Cómo explicarle al mundo eso, sin calificarlo de dictadura?”.

Según Sosa, la Asamblea Nacional debe ahora “asumir una fortaleza política, porque en la práctica su fortaleza jurídica quedó anulada”.