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Violencia, desabastecimiento y desplazamientos masivos: lo que deja el paro armado en el Catatumbo
(CNN Español) -- El paro armado en la región del Catatumbo, en el noroccidente de Colombia, paralizó todas las actividades económicas y académicas en varios municipios del departamento de Norte de Santander, en la frontera con Venezuela.
El paro armado, decretado por el grupo armado conocido como Ejército Popular de Liberación (EPL), inició el 15 de abril y completa una semana dejando cientos de desplazados, miles de estudiantes sin clase y una disputa que no cesa entre el EPL y el ELN, grupo armado con el que el EPL se disputa el control territorial.
El vicepresidente de Colombia Óscar Naranjo viajó este lunes a la zona para reunirse con los alcaldes de la región del Catatumbo para "buscar soluciones inmediatas y estructurales a los problemas en la zona", según un comunicado, y les dijo a periodistas que en la zona hay un despliegue militar de 12.000 soldados.
Este martes, a través de un panfleto que ha sido replicado por varios medios locales, el EPL anunció que hará una tregua de 60 horas, desde las 6:00 a.m. del 24 de abril hasta las 6 p.m. del 26 de abril, para que los comercios de la región abran sus puertas y los habitantes puedan abastecerse.
La zona del Catatumbo está compuesta por los municipios de Tibú, Hacarí, Teorama, San Calixto, El Tarra, El Carmen, La Playa y Convención en el Norte de Santander. (Cortesía: OCHA)
Desde enero de este año, la región ha sido azotada por el enfrentamiento entre el ELN y el EPL por el control del narcotráfico, según la Defensoría. En el último mes 6 civiles han muerto en medio de la violenta confrontación entre el ELN y el EPL en la región.
En la zona hacen presencia otros grupos armados organizados, denominados 'narcoparamilitares', que son generadores de violencia en otras partes de Colombia, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ.
En esta disputa violenta se han registrado desplazamientos forzados, secuestros, restricciones a la movilidad, los civiles han quedado en medio de los enfrentamientos entre los grupos armados, y se les ha impedido el acceso a bienes y servicios como la salud y la educación, dijo la Defensoría del Pueblo de Colombia la semana pasada.
En la semana del 16 al 22 de abril, la gobernación de Norte de Santander ordenó suspender las clases para casi 45.000 estudiantes para proteger la integridad de los miles de estudiantes y maestros en esa región.
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Graves violaciones a los derechos humanos
El pasado miércoles, el ministro de Defensa de Colombia, Luis Carlos Villegas, dijo en rueda de prensa que no ‘alcanzaba a comprender’ la orden de la Gobernación pues, reportó, la seguridad “está en niveles que permiten el buen funcionamiento del sector educativo”. Villegas dio ese día un reporte de normalidad en los sectores de salud, de comercio y de transporte.
Sin embargo, para ese entonces, la Defensora del Pueblo ya alertaba de una grave crisis humanitaria en esa región.
“La declaratoria de un paro armado por parte del grupo EPL el pasado 15 de abril agravó la crisis humanitaria y evidencia los altos grados de vulnerabilidad que presentan las poblaciones indígenas y campesinas de la zona”, dijo la Defensoría del pueblo el pasado 17 de abril.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) denunció que con esta situación más de 144.000 personas están siendo afectadas y que más de 2.800 personas han sido desplazadas “y no cuentan con garantías para su retorno”.
“Esta violencia viene menoscabando gravemente la vida y la integridad de los líderes locales”, dijo la oficina en Colombia del PNUD en un comunicado de la semana pasada, añadiendo que muchos defensores de derechos humanos de esta región, han sido víctimas del desplazamiento forzado y han sufrido daños a su integridad física.
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Entre tanto, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) denunció la semana pasada que 4.000 indígenas Barí están en riesgo de confinamiento en varios municipios del Catatumbo “por las restricciones de acceso y movilidad en el marco del paro armado”.
Según esta organización de Naciones Unidas, más de 96.000 personas en la región “necesitan asistencia para garantizar la seguridad alimentaria y medios de vida durante el tiempo que dure la emergencia”. El paro también ha afectado los servicios de salud en zonas rurales de Hacarí, San Calixto, La Playa de Belén, El Tarra, Teorama y Tibú, según OCHA.
La Cruz Roja expresó su preocupación la semana pasada por la situación en el Catatumbo. El organismo pidió a través de un comunicado que se respetara el derecho a la salud de la población e instó a las partes en conflicto cumplir con su obligación de respetar la misión médica. "Impedir que la Misión Médica preste sus servicios es injustificable", dijo Christoph Harnisch, jefe de la Delegación del CICR en Colombia.
Pero la situación no es reciente. OCHA reportó que desde el 14 de marzo más de 145.000 personas que habitan los municipios de la región del Catatumbo, han sido víctimas de afectaciones humanitarias debido al “incremento de las acciones armadas del ELN y EPL, las cuales cuales constituyen violaciones de los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario”.
El gobierno toma medidas
Este lunes el presidente de Colombia Juan Manuel Santos ordenó el despliegue de la fuerza pública y una comisión del gobierno para garantizar el orden público en el Catatumbo.
Tras una semana de paro armado, el ministro Villegas reconoció finalmente este lunes la “grave situación humanitaria y de orden público” en la región y estableció, por orden de Santos, un Puesto de Mando Unificado (PMU) para garantizar la seguridad de los habitantes de la región.
Villegas dijo que las Fuerza Militares acompañarán a la comunidad “en todo aquello que alivie sus dificultades humanitarias o de abastecimientos”.
El vicepresidente de Colombia Oscar Naranjo lideró este lunes una comitiva del Gobierno Nacional para establecer medidas en materia de seguridad en la región; allí se concentran autoridades locales, departamentales y nacionales. Naranjo aseguró que el Gobierno implementó una serie de medidas de seguridad como el corredor humanitario, caravanas de seguridad y transporte y la presencia militar y policial en los casos municipales.
“El trabajo conjunto se concentrará en el incremento de las caravanas para que camiones cargados de alimentos viajen para abastecer los centros de acopio y plazas de mercados en cada uno de los municipios que hasta el momento presentan desabastecimiento”, dijo la Vicepresidencia de Colombia en un comunicado este lunes.