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Esto es una prueba

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Así arriesgan la vida los defensores de tierras en Colombia

Por Natalie Gallón

(CNN) -- A los 18 años, Ramón Bedoya ya tiene dos guardaespaldas y un vehículo a prueba de balas provisto por el gobierno colombiano para su protección.

Pero él dice que no es suficiente. Teme por su vida y la de su familia después de que su padre, Hernán Bedoya, fue amenazado en numerosas ocasiones antes de ser asesinado en diciembre.

Según los informes, a su padre le dispararon 14 veces por proteger tierras comunitarias de empresas interesadas en la agricultura de aceite de palma en la región occidental del departamento colombiano de Chocó.

Bedoya, de 18 años, dice que quiere seguir la lucha de su padre de proteger la tierra de su comunidad.

Bedoya recuerda haber luchado junto a su padre desde que tenía 8 años, defendiendo el territorio a pesar de haber sido desplazado dos veces de su tierra.

"Decidí seguir luchando porque siempre me mostró el camino", dice Bedoya sobre continuar la lucha después de la muerte de su padre.

"Siempre quiso que yo siguiera sus pasos, que cuidara de la naturaleza, la tierra, los derechos humanos, y eso es lo que hago", dijo a CNN en un mensaje de voz. "Continúo luchando".

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Informe señala vínculo de agronegocios a las muertes de activistas

Global Witness, una organización ambiental no gubernamental, dio a conocer los hallazgos el martes, destacando 2017 como el año más mortífero para los activistas medioambientales registrados, con al menos 207 personas asesinadas. Su informe de 72 páginas se titula "¿A qué precio? El negocio irresponsable y el asesinato de defensores de la tierra y el medio ambiente en 2017".

Cerca del 60% de estos asesinatos ocurrieron en América Latina, informó Global Witness, con 57 muertes en Brasil y 24 en Colombia.

Según su investigación, "más masacres ocurrieron en 2017 que nunca antes".

En una ocasión, un asalto en Brasil por agricultores contra una comunidad indígena dejó 22 heridos, "algunos les cortaron las manos". El informe critica al gobierno de Brasil y dice que "nadie se ha enfrentado a la justicia por este incidente atroz, lo que refleja una cultura más amplia de impunidad y falta de acción para apoyar a los defensores del gobierno brasileño".

En un comunicado, el gobierno de Brasil dijo que las conclusiones del informe eran "erróneas, infladas, frágiles y metódicamente dudosas" y calificó las denuncias —en inglés— como "fake news", noticias falsas.

Ben Leather, un importante defensor de Global Witness y autor del informe, dijo a CNN que los agronegocios están sobrepasando a los sectores mineros como el principal vínculo con los asesinatos de los activistas.

"Lo que tenemos bastante claro en nuestra investigación es que los gobiernos y las empresas se están confabulando para conseguir tierras para la agroindustria a gran escala con la esperanza de obtener ganancias rápidas, respondiendo a la demanda del consumidor", dijo Leather.

Ramón Bedoya rodeado por guardaespaldas en su finca en Colombia.

En el caso de Bedoya y su familia, el aceite de palma es de gran valor y es una mercancía en muchos productos que los consumidores compran en todo el mundo, como jabón, maquillaje e incluso helados.

"Uno de los hechos más impactantes delineados en este informe es el número de asesinatos cometidos por las fuerzas de seguridad del gobierno a instancias de sus jefes políticos y en alianza con la industria", dice Global Witness.

Datos de Global Witness alegan que las fuerzas de seguridad "estuvieron vinculadas a alrededor de una cuarta parte de los asesinatos el año pasado: 30 vinculados al ejército y 23 a la policía", dice el informe.

"Hacer frente a los poderosos actores para proteger su tierra o el medio ambiente no debe significar arriesgar su vida", dijo Erika Guevara-Rosas, directora para América de Amnistía Internacional, en respuesta al informe de Global Witness.

Pasado oscuro de Colombia

La situación de Colombia ha empeorado desde el acuerdo de paz de 2016 entre el Gobierno y el grupo guerrillero FARC, según Global Witness, que encuentra un "vacío de poder" en la tierra que alguna vez fue operada por la guerrilla. Las personas que habían sido desplazadas de sus tierras están volviendo para encontrar nuevos grupos que ocupen las áreas.

"Este escenario se complica aún más a medida que los grupos delictivos se trasladan a las zonas que alguna vez ocuparon las FARC, para llevar a cabo actividades de tala ilegal, minería y ganadería. El impulso gubernamental para la inversión extranjera también ha intensificado esta lucha por la tierra", dice el informe Global Witness.

Cada año, Colombia se encuentra entre los tres países más letales para los defensores de la tierra, según Global Witness.

Bedoya dice que las disidencias guerrilleras y los paramilitares continúan combatiendo, desplazando a más personas.

"Quiero que el mundo sepa lo que está sucediendo internamente en Colombia", dice Bedoya. "El Gobierno dice que están devolviendo la tierra, pero no es así".

La semana pasada, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también condenó la violencia y los "asesinatos de defensores de los derechos humanos y líderes sociales en Colombia", e instó al Gobierno a tomar medidas para proteger a quienes luchan por la defensa de su país.

"(Cuarenta y seis) defensores de los derechos humanos fueron asesinados en el país durante el primer trimestre de 2018", dijo la comisión, un órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos.

CNN se comunicó varias veces con el Ministerio del Interior de Colombia para obtener comentarios al respecto, pero no recibió una declaración.

La lucha de Bedoya está lejos de terminar, pero él dice que se niega a darse por vencido. Su padre "siempre luchó por los derechos humanos, por el agua, por la naturaleza, para que nadie lo explotara", dice.

Leather dice que "la gente no debería morir o ser amenazada solo por proteger su tierra, nuestro medio ambiente".

"La razón por la que están en riesgo es porque los gobiernos de todo el mundo están conspirando consistentemente con las grandes empresas para obtener grandes ganancias a expensas de la vida humana. Nosotros, los consumidores, tenemos que ponernos de pie y decir que eso no es aceptable".