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Alertan sobre medicamentos y productos de belleza en Colombia por supuesto registro falso

Por CNN Español

(CNN Español) – Una serie de medicamentos y tres productos de belleza están bajo la lupa de las autoridades en Colombia porque tendrían registros sanitarios fraudulentos. Es decir que llegaron a manos de los consumidores sin cumplir supuestamente con los controles y requisitos exigidos para su comercialización. Un hecho que, como resaltó la Fiscalía del país, implica un atentado contra la vida de los colombianos.

Pero, ¿cómo llega un medicamento o un producto al mercado sin ser autorizado y sin cumplir los controles? La respuesta está en la corrupción. Según la Fiscalía, una red que incluía a 12 funcionarios del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) falsificaba y agilizaba la expedición de los registros sanitarios por sobornos. De ahí que 14 personas, incluidos dichos miembros del ente de control, hayan sido detenidas y enfrenten cargos.

“Un esquema criminal que, a cambio de sobornos, agilizaba permisos y otros trámites que permitían vender productos sin revisión científica previa sobre sus efectos en la salud de los consumidores”, fue la definición que hizo la Fiscalía acerca de esta red. Las investigaciones empezaron hace más de un año, a raíz de una denuncia del propio Invima e incluyó la interceptación a cerca de 100 líneas telefónicas, seguimientos e inspecciones.

La Fiscalía dice tener constancia de que siete medicamentos, entre antibióticos y medicinas tan comunes como la desloratadina, presentan autorización y registros fraudulentos. Esta es la lista que consignó en el comunicado de prensa:

  1. Icncla (antibiótico).
  2. Bactiflox (antibiótico)
  3. Duoartril tabletas (antihipertensivo)
  4. Helmintaz tabletas (antiparasitario)
  5. Nimeflex (antinflamatorio)
  6. Renilax tabletas (desloratadina)
  7. Bactrogyn óvulos

Y también se suman tres productos de belleza, incluido un suplemento dietario, sobre los que el ente acusador asegura hay pruebas de que obtuvieron los registros ilegalmente:

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  1. Abexine, un gel para las dolencias de enfermedades como artritis y osteortritis
  2. Canna Pain, cremas y parches.
  3. Fattache, fibra para la supuesta pérdida de peso

La Fiscalía no mencionó en sus declaraciones a las empresas o laboratorios a cargo de los medicamentos y productos. CNN, tras una búsqueda, intentó contactarse con estas compañías sin recibir respuesta. Sin embargo, la entidad ordenó la compulsa de copias para empezar el proceso de extinción de dominio a empresarios y laboratorios involucrados, así como a los funcionarios que habrían participado en los hechos.

La red de corrupción que lo permitió

Según el comunicado emitido por la Fiscalía este miércoles, las 14 personas capturadas –entre las que hay funcionarios del Invima, intermediarios y representantes de laboratorios farmacéuticos– habrían diseñado y conformado una red de corrupción para falsificar estos registros sanitarios y agilizar su expedición. Algo que, por todas las acciones que se identificaron en la investigación, no resultaba una tarea fácil.

La declaración explica que estas personas habrían llegado a alterar los sistemas de información, provocando que en el mercado haya “productos que carecen de control”. También presuntamente se falsificaron estudios de los medicamentos, lo que resulta en que el Estado no tenga control sobre ellos ni sobre sus efectos. Incluso, podrían haber cobrado coimas para reducir las multas que imponía el Invima y hasta habrían realizado auditorías previas no formales para aprobar las inspecciones y revisiones oficiales de este ente de control. Cada trámite tenía un valor que oscilaba desde los 750.000 pesos (alrededor de 250 dólares) a los 14 millones de pesos (aproximadamente 4.653 dólares).

Los funcionarios del Invima detenidos deberán responder por los delitos de concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos y de particulares, cohecho propio y falsedad ideológica en documento público.

También se realizaron varios allanamientos a laboratorios en Bogotá y Medellín, “con el fin de determinar los valores percibidos por los mismos a través de la comercialización de los productos fraudulentos y determinar los recursos provenientes de la actividad criminal”, indicó la Fiscalía.