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España convoca al embajador de Venezuela tras muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo
(CNN Español) -- El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España convocó este martes al embajador de Venezuela en Madrid, Mario Isea, para transmitirle la repulsa del gobierno de España por el trágico fallecimiento del capitán de Corbeta, Rafael Acosta, presuntamente debido a malos tratos.
Estos le habrían sido infligidos mientras se encontraba bajo custodia de los cuerpos de seguridad venezolanos y que habrían tenido lugar desde el momento de su detención hasta su comparecencia ante los Tribunales de Justicia.
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El ministro ha trasladado al embajador la demanda del gobierno de España de que las circunstancias del fallecimiento del capitán sean objeto de una investigación independiente, expedita y rigurosa y de que todos los eventuales responsables de su muerte, sin exclusión, sean sometidos a la justicia.
Igualmente, el ministro se ha interesado por el estado de salud del resto de los detenidos en el marco del operativo en el que fue detenido el capitán Acosta el pasado 21 de junio.
El ministro ha recordado al embajador que aún no se ha dado respuesta adecuada a la solicitud análoga que le formuló, cuando le convocó en octubre a raíz de la muerte del Concejal de Primero Justicia, Fernando Albán.
El fallecimiento de Albán también se produjo bajo custodia, en este caso del Servicio Bolivariano de Inteligencia, al precipitarse por una ventana en extrañas circunstancias.
El embajador de Venezuela ha informado al ministro de la detención preventiva de dos funcionarios adscritos a la Dirección General de Contrainteligencia Militar como presuntos responsables de la muerte del capitán Rafael Acosta.
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Asimismo se ha comprometido a suministrar próximamente información en relación al caso del concejal Fernando Albán.
El ministro ha reiterado al embajador la profunda preocupación del gobierno de España por la situación de los derechos humanos en Venezuela, ha reclamado la liberación de todos los presos políticos y el respeto al debido proceso y a los derechos e integridad de todas las personas privadas de libertad.