La diplomacia de la extorsión

Nota del editor: Vaclav Masek Sánchez es licenciado por el Centro para Estudios Latinoamericanos y el Caribe (CLACS) de la Universidad de Nueva York (NYU). Su investigación académica se centra en las historias políticas en Centroamérica. Síguelo en Twitter en @_vaclavmasek.

(CNN Español) -- Con un par de tuits, el presidente de Estados Unidos cambió la región.

En 280 caracteres o menos, Trump condensó los miedos de la administración de Jimmy Morales desesperadamente necesitada de capital político por su confrontación ante una incontestable crisis de legitimidad, y salió victorioso. Amenazó al gobierno de Guatemala con imponer aranceles a las remesas, a los productos producidos en el país centroamericano y prohibir a los guatemaltecos de viajar a Estados Unidos.

Incapaz de contrarrestar la amenaza de perder una fuente de ingresos fundamental para el país —los migrantes guatemaltecos enviaron más de 9.000 millones de dólares en remesas en el 2018—, el presidente Morales envió a su ministro de Gobernación a Washington para firmar el convenio a la desesperada. A ninguno de los actores involucrados les importó que la Corte de Constitucionalidad resolviera señalar el procedimiento establecido en la Constitución Política de Guatemala para la firma de un convenio de esa naturaleza. La Corte recordó que le corresponde al Congreso "aprobar, antes de su ratificación, los tratados, convenios o cualquier arreglo internacional cuando: afecten el dominio de la Nación (...); obliguen financieramente al Estado".

La diplomacia de la extorsión funcionó y Guatemala canjeó a sus vecinos centroamericanos para evitar repercusiones macroeconómicas mediante un tratado inaudito, inadecuado e ilegal.

Junto a México, Guatemala se vuelve cómplice de una política migratoria xenófoba y contraproducente, contribuyendo a que Trump se endose otra victoria en la región y continúe utilizando la migración como su punta de lanza envenenada para su campaña de reelección. Sus insensatos tuits y su retórica nacionalista, basada en chantajes y odio, generaron cambios geopolíticos que pondrán en riesgo la vida de los ciudadanos de los países del Triángulo del Norte. Mediante la coacción política y el hostigamiento económico, Estados Unidos afianza su control territorial de facto por Mesoamérica, además de su penetración en el accionar estatal de ciertas naciones independientes.

En primer lugar, Estados Unidos cuenta con el despliegue militar y la vigilancia migratoria que hasta ahora le ha delegado a México y su Guardia Nacional. Luego, consigue expandir su frontera hasta El Salvador y Honduras con el tratado migratorio con Guatemala, lo que implica que los migrantes buscarán vías más peligrosas para llegar al norte. Se habla de complicadas y peligrosas rutas marítimas.

Con sus infames centros de detención desbordados de centroamericanos que siguen escapando de su país, pareciera que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) utiliza a Guatemala, con altos índices de violencia, como un gran cuarto de espera para solicitantes de asilo. Guatemala no cuenta con la infraestructura institucional para lidiar con el volumen de solicitudes que le delegará Estados Unidos, que circula el cuarto de millón. Tampoco tiene las instalaciones necesarias para acogerlos.

Guatemala está entre los países en América Latina donde la pobreza no disminuye. Es más, el país sigue produciendo emigrantes: los guatemaltecos lideran las listas de detenciones de menores no acompañados, unidades familiares y adultos aprehendidos en la frontera sur de Estados Unidos, superando todas las otras nacionalidades desde el año fiscal 2016.

La ironía de ser el centro de detención del país que más encarcela personas en el mundo es frustrante y mórbida, además de ser sintomática de una actitud imperialista incrustada en la diplomacia trumpista, que ya ha manifestado su indiferencia frente al concepto de soberanía nacional.

A escasos días de una segunda vuelta electoral en Guatemala, llena de incertidumbre el 11 de agosto. La decisión de hacerlo un ‘tercer país seguro’ es icónica de una administración que ha sido incompetente, cortoplacista y reacia a escuchar a las necesidades de su población.

Es importante recordar que Jimmy Morales resultó electo de una coyuntura política sin precedentes: nunca antes en Guatemala se vio la corrupción a tal escala como la del gobierno cleptócrata de Otto Pérez Molina y el ya difunto Partido Patriota.

Pero Morales, en vez de capitalizar en el movimiento ciudadano, arrojó gasolina al problema institucional y lo empeoró, desmantelando los mecanismos de combate contra la corrupción. Cuatro años después, dejará al país sumido en una crisis humanitaria y constitucional, además de exacerbar la apatía entre los ciudadanos guatemaltecos frente a las instituciones del Estado.

Con su impertinencia de novato, Morales y su gabinete saliente se imaginarán que la ratificación del pacto migratorio captará la simpatía de Washington. La realidad es que el acuerdo es un atropello a la razón, un abuso al derecho internacional y una infracción a la movilidad de las personas que solamente traerá más problemas al nuevo gobierno.

Algunos, como el columnista y catedrático Eduardo Antonio Velásquez, consideran que la ratificación del pacto migratorio entre Estados Unidos y Guatemala permanecerá como una estampa histórica de la incapacidad de un país pequeño de confrontar la política hegemónica de un presidente estadounidense que ha polemizado a una población minoritaria para sus ganancias electorales. Se recordará como una traición a la lealtad entre naciones centroamericanas.

Más importante, quedará grabado como el momento en que se evidenció que Guatemala opera bajo la lógica monetaria antes que la humanitaria. En el país, siempre será más importante que las finanzas se mantengan intactas antes de que las vidas humanas sean salvaguardadas. La realidad social nacional continúa arrastrando un legado histórico colonial que le rinde pleitesía al socio comercial por miedo a la represalia.