OPINIÓN | ¿Por qué Estados Unidos no debe volver a la misma normalidad?

Nota del editor: LZ Granderson es periodista y analista político. Fue miembro del Instituto de Política de la Universidad de Chicago y del Instituto Hechinger de la Universidad de Columbia. Es columnista de deportes y cultura para “Los Angeles Times” y copresentador de "Mornings With Keyshawn, LZ y Travis" de ESPN LA 710. Síguelo en Twitter e Instagram: @lzgranderson. Las opiniones expresadas en este comentario son propias del autor. Más en CNNe.com/opinion.

(CNN) -- En 2012, Jackie Lacey hizo historia. No solo se convirtió en la primera mujer en servir como fiscal de distrito de Los Ángeles, sino también en la primera persona negra en desempeñar el cargo. Lacey nació y creció en Crenshaw, y su victoria parecía un cambio significativo en una oficina habitualmente criticada por los líderes comunitarios por su negligente respuesta a la brutalidad y corrupción policiales.

Desde entonces ha habido más de 500 agentes implicados en tiroteos mortales, y según Los Angeles Times, la oficina de Lacey solo ha presentado cargos contra menos del 1% de ellos.

Justo o no, tal vez esta realidad ayude a explicar por qué los manifestantes en el sur de California sintieron la necesidad de bloquear una importante carretera e inundar las calles del centro de Los Ángeles el viernes por la noche en solidaridad con Minneapolis.

MIRA: Arde EE. UU.: este es el mapa de las protestas por George Floyd

En Minneapolis, Derek Chauvin, el exagente de policía captado en video con la rodilla sobre el cuello de George Floyd, fue arrestado y acusado de asesinato y homicidio involuntario en tercer grado (todavía no ha sido procesado ni ha presentado una declaración de culpabilidad; su fianza se ha fijado en 500.000 dólares). Los otros tres agentes relacionados con la muerte de Floyd han sido despedidos, y uno de ellos espera también enfrentar cargos.

Con el tiempo, las protestas en Minneapolis disminuirán, así como las manifestaciones y los disturbios de la comunidad en todo el país, incluso en el patio trasero de Lacey. Las cámaras que están documentando todo también se dispersarán.

Y nos quedaremos con una pregunta apremiante: ¿y ahora qué?

Es intelectualmente deshonesto decir que volveremos a la "paz" y la "tranquilidad" porque este país nunca ha estado en paz. Hemos tenido momentos de silencio, aunque inquietos, pero nunca de paz. ¿Cómo puede tener paz una nación nacida del genocidio, construida sobre la esclavitud y sostenida por un sistema que coloca firmemente a las minorías detrás de sus contrapartes blancas por un margen considerable con cada medida socioeconómica significativa? De hecho, me atrevería a decir que todos estos funcionarios que claman en la televisión para que las cosas vuelvan a la "normalidad" son parte del problema.

"Normal" no es solo lo que nos trajo aquí, es lo que nos mantiene aquí. Lo que esta nación necesita es avanzar, y las historias como las de Lacey, con su mísero juicio del uso de la fuerza, ponen de manifiesto cuál debe ser el primer paso.

Existe una relación incómoda y simbiótica entre los sindicatos de la Policía de la nación y los fiscales del condado, elegidos para hacer rendir cuentas a los miembros del sindicato. A la luz de la muerte de Floyd, y de tantas mujeres y hombres desarmados de grupos minoritarios a manos de agentes de policía, los registros como el de Lacey de 500 a 1 ciertamente llaman la atención.

En su caso, podemos yuxtaponerlo a los millones de dólares enviados a su campaña por los sindicatos encargados de hacer cumplir la ley, y el millón de dólares con el que el sindicato de la Policía de Los Ángeles contribuyó a un Comité de Acción Política (PAC, por sus siglas en inglés) dedicado a derrotar a su oponente más reciente (George Gascón, que prometió endurecer los estándares para el uso "necesario" de la fuerza por parte de la Policía). Empiezas a preguntarte si hay un conflicto de intereses. Después de todo, si los líderes de base se preocupan porque los poderosos políticos con vínculos estrechos con los grupos de presión de armas y del petróleo estén de alguna manera comprometidos, ¿no es justo preguntarse lo mismo aquí?

En un debate en enero, Gascón dijo con respecto al historial de Lacey con la fuerza policial que ella es una "fiscal que se siente cómoda mirando hacia otro lado".

"Simplemente no es cierto", respondió Lacey, según un artículo en Mother Jones. "La gente puede criticar a otros injustamente, pero lo que harán cuando estén presionados es diferente", agregó.

Para ser claros, Lacey no creó este desastre. Los fiscales deben trabajar estrechamente con las fuerzas del orden para hacer su trabajo de manera efectiva. Se complica cuando el trabajo requiere que esos fiscales investiguen a los agentes de policía, y es francamente desagradable cuando los fiscales aceptan dinero de los sindicatos de la Policía, algo que ha sucedido en ciudades y condados en todo el país durante algún tiempo. Como señala The Guardian: "Entre el 95% de los fiscales elegidos, muchos (...) reciben valiosas donaciones y avales públicos de los sindicatos de la Policía para sus campañas".

Una manera importante para que la Policía se gane la confianza de las comunidades a las que sirve es que los legisladores pongan fin a esta práctica y a la percepción que plantea.

Considere esto: el 18 de marzo de 2018, la Policía de Sacramento mató a tiros a Stephon Clark, un hombre negro desarmado de 22 años, después de perseguirlo a pie hasta el patio trasero de su abuela. Respondían a un llamado al 911 denunciando a alguien que estaba forzando autos en el vecindario. Clark se había vuelto hacia ellos en el patio de su abuela con los brazos extendidos, dijo la Policía, y creían que el teléfono celular en una de sus manos era un arma.

LEE: ¿Qué está pasando en EE.UU.? La muerte de un hombre negro a manos de policías blancos despertó protestas en todo el país

Se produjeron protestas, algo muy similar a lo que está sucediendo hoy. El Sacramento Bee informó que días después del tiroteo, dos sindicatos de la Policía locales donaron un total combinado de 13.000 dólares a la campaña de reelección de la fiscal del distrito, Anne Marie Schubert.

Finalmente, los agentes no fueron acusados.

Los sindicatos y el equipo de Schubert dijeron en aquel momento que la donación no tenía nada que ver con el caso. Schubert, como Lacey, ha sido criticado por no responsabilizar a la Policía por los disparos. Fue una línea de ataque de su oponente de 2018, Noah Phillips, que afirmó que estaba demasiado cerca de la Policía para hacer el trabajo de manera efectiva. En una entrevista previa a las elecciones, Schubert respondió: "Hemos procesado a los agentes por violar a las mujeres en servicio. Hemos procesado a los agentes por fraude a la asistencia social". Y agregó: "Hacemos nuestro trabajo. Vamos a seguir la ley y los hechos " (el otoño pasado, la ciudad de Sacramento acordó pagar 2,4 millones de dólares a los dos hijos de Stephon Clark, de 5 y 2 años, al momento del acuerdo).

En el vacío, no hay nada que ver aquí. Pero no vivimos en el vacío.

La excandidata presidencial Amy Klobuchar fue la fiscal del condado de Hennepin, la fiscal principal en Minneapolis, de 1999 a 2007. Ha sido criticada por algunos por no presentar cargos contra Derek Chauvin, uno de los seis agentes involucrados en el tiroteo a un hombre que en el 2006 apuñaló a varias personas.

Ahora Klobuchar, cuyo nombre ha aparecido como posible compañera de fórmula del aspirante demócrata Joe Biden, ha dicho que la sugerencia de que ella jugó un papel en no presentar cargos contra Chauvin en 2006 es una "mentira", según The New York Times (Chauvin también había acumulado varias quejas antes de la muerte de Floyd).

Sin embargo, lo que Klobuchar no puede negar es su historial. En las más de dos docenas de casos de personas muertas a manos de la Policía, ella no presentó cargos contra ninguno de ellos. Pero fue dura con los vándalos y menores, decisiones que afectaron desproporcionadamente a las minorías. Y aunque ya no se puede encontrar la fuente de las contribuciones hechas a su campaña de reelección, tuvo una relación cercana con los sindicatos de la Policía que la respaldaron públicamente, según un informe de 2019 de American Public Media y Minnesota Public Radio.

En sí mismo, esto no indica ninguna irregularidad. Pero dado que Minneapolis pagó 4,8 millones de dólares en acuerdos legales relacionados con 122 incidentes de mala conducta policial, y la Policía estuvo involucrada en 29 muertes durante su mandato, según el informe, ¿por qué se espera que creamos que no significa nada?

De hecho, ninguno de estos ejemplos apunta claramente a corrupción, pero ciertamente tienen la apariencia de conflicto de intereses. ¿Cómo pueden los funcionarios locales y federales esperar que las comunidades minoritarias confíen en el sistema de justicia cuando parece que el sistema de justicia está en su contra?

Nuevamente, incluso si ninguno de los fiscales de distrito que reciben grandes sumas de dinero de los sindicatos de la Policía son corruptos en lo más mínimo, solo un tonto miraría estos números y no consideraría al menos la posibilidad.

Esta relación incestuosa debe terminar. La gente ve millones de dólares intercambiados entre la Policía y las personas que deben responsabilizar a la Policía y se sienten impotentes.

Vulnerables.

Tensos.

Queremos que termine la violencia en las calles, pero no queremos volver a la normalidad. Normal es donde la injusticia está al acecho. Normal es ver a los agentes de policía confirmar informes falsificados y no ser responsabilizados por hacerlo. Entonces al diablo con lo normal. Lo que se requiere para avanzar es confiar que el sistema de justicia está ahí para protegernos, no para usarnos como moneda de cambio.

Incluso si no es cierto, y todos los elegidos para este cargo lo hacen con integridad, seguro que no se ve de esa manera. Parece que estamos siendo sacrificados porque el fiscal de distrito no quiere morder la mano que lo alimenta.