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¿Por qué la ley de seguridad nacional de China podría cambiar a Hong Kong para siempre?
Hong Kong (CNN) -- Cuarenta días después de que el Gobierno de China dijera que aprobaría una ley de seguridad nacional para Hong Kong, esa legislación entró en vigor, con ramificaciones potencialmente masivas para las libertades políticas de la ciudad.
La ley fue redactada casi en su totalidad en secreto, a través de reuniones a puerta cerrada, en Beijing, de las que ni siquiera la jefa ejecutiva de Hong Kong, Carrie Lam, fuera parte. Incluso horas después de su aprobación por el Congreso Nacional del Pueblo de China, el martes, todos menos un pequeño puñado de hongkoneses aún no tenían idea de lo que contenía la ley.
La ley promulgada en Hong Kong, el martes por la noche, sin pasar por la legislatura local, tipifica como delito "actos de secesión, subversión del poder estatal, actividades terroristas y connivencia con fuerzas extranjeras o externas para poner en peligro la seguridad nacional".
Si bien los funcionarios habían sugerido anteriormente que las sanciones bajo la ley serían más suaves de lo que son en China, la pena máxima dada por cada uno de esos cuatro delitos principales —secesión, subversión, terrorismo y colusión con fuerzas extranjeras— puede ser castigado con cadena perpetua.
El primer día de la nueva ley de seguridad nacional de Hong Kong 0:49
El derecho a un juicio con jurado puede suspenderse en ciertas circunstancias, los casos pueden escucharse en secreto y los residentes extranjeros en Hong Kong pueden ser expulsados si se sospecha que violan la ley, independientemente de su condena. La ley de seguridad nacional prevalece sobre cualquier ley existente de Hong Kong, en caso de conflicto.
La ley también extiende el control directo de Beijing sobre Hong Kong, estableciendo un nuevo comité para la seguridad nacional que incluirá un asesor designado por Beijing y una "Oficina para Salvaguardar la Seguridad Nacional", directamente bajo el Gobierno chino, que tiene amplios poderes para procesar hongkoneses que considere han cometido delitos particularmente atroces.
Los funcionarios de Hong Kong y Beijing han argumentado que la ley es necesaria y tardía, y prometieron que solo afectará a una pequeña minoría de hongkoneses, al tiempo que devuelve "estabilidad y prosperidad" a la ciudad.
"La ley de seguridad nacional es un paso crucial para terminar con el caos y la violencia que ha ocurrido en los últimos meses", dijo el miércoles la jefa ejecutiva de la ciudad, Carrie Lam. "Es una ley que se ha introducido para mantener a Hong Kong a salvo. La legislación es legal, constitucional y razonable".
La jefa ejecutiva de Hong Kong, Carrie Lam (C), habla a los invitados después de una ceremonia de izado de banderas para conmemorar las celebraciones del Día Nacional de China, el 1 de julio de 2020, en Hong Kong.
Efecto escalofriante
Antes de que entrara en vigor, la ley había comenzado a tener un efecto escalofriante, con múltiples partidos políticos disolviéndose, tiendas quitando parafernalia antigubernamental y personas eliminando cuentas de redes sociales y publicaciones antiguas.
Eso probablemente se intensificará, ya que los delitos bajo la ley son amplios y de gran alcance, sin certeza de qué acciones se considerarán ilegales hasta que se inicien los enjuiciamientos.
Por ejemplo, el delito de incitación, asistencia o incitación a la secesión podría cubrir la mayoría de las declaraciones relacionadas con la independencia de Hong Kong. En manifestaciones recientes, se podía escuchar regularmente a los manifestantes cantando que esta era "la única salida" y ondeando banderas que promovían el separatismo. El castigo mínimo por tales crímenes es de cinco años en prisión.
En una reunión, el martes, de altos comandantes de la Policía, se les dijo que cualquier persona vista ondeando una bandera a favor de la independencia o cantando en apoyo de la independencia debe ser arrestada, dijo una fuente policial a CNN. Además, la fuente dijo que cualquiera que haya buscado y encontrado que tiene banderas de independencia en su poder será arrestado.
La subversión y el terrorismo también se definen de manera particularmente amplia, y esta última incluye "actividades peligrosas que ponen en grave peligro la salud pública, la seguridad o la protección" con el propósito de "intimidar al público para llevar a cabo una agenda política".
Si se aplica ampliamente, esto podría reclasificar las protestas antigubernamentales como la ciudad vio el año pasado, que a menudo se tornaron violentas -con enfrentamientos entre manifestantes y policías, y vandalismo en propiedad pública-, como terrorismo, exactamente como se describieron a menudo las protestas en medios estatales chinos.
En particular, la ley penaliza el "sabotaje de los medios de transporte (y) las instalaciones de transporte", o la "interrupción grave o sabotaje de los sistemas de control electrónico" relacionados con el transporte, que podrían interpretarse como el vandalismo de estaciones de metro o el bloqueo de carreteras y autobuses.
El castigo máximo por delitos terroristas graves es cadena perpetua, con una pena mínima de 10 años. Los declarados culpables de delitos relacionados y menos graves pueden enfrentar un mínimo de cinco años de prisión.
Extranjeros amenazados
Si bien el mayor impacto de la ley la tendrán los hongkoneses, también incluye múltiples disposiciones que podrían afectar la forma en que las entidades extranjeras, en particular los medios de comunicación y las ONG, operan en la ciudad.
La ley establece que cualquier persona que "directa o indirectamente recibe instrucciones, control, financiamiento u otro tipo de apoyo de un país extranjero o una institución, organización o individuo" podría ser culpable de un delito si está llevando a cabo ciertas acciones consideradas hostiles a los intereses de la seguridad nacional.
Eso incluye cabildear para que se impongan sanciones contra Hong Kong o los funcionarios chinos —como los recientemente impuestos por Washington sobre esta misma legislación— "socavando" las elecciones en Hong Kong, "perturbando gravemente la formulación e implementación de leyes o políticas" en la ciudad , o "provocando por medios ilegales el odio entre los residentes de Hong Kong hacia el Gobierno Popular Central".
En China, las personas han sido procesadas por filtrar "secretos de Estado" a medios de comunicación, gobiernos y organizaciones en el extranjero, algo que la nueva ley de Hong Kong también penaliza, lo que podría dificultar mucho más la operación de periodistas y ONG extranjeras en la ciudad.
Una de las funciones de la Oficina de Salvaguardia de la Seguridad Nacional, que depende directamente de Beijing, también será la "gestión de [los] órganos de países extranjeros y organizaciones internacionales en [Hong Kong], así como de organizaciones no gubernamentales y agencias de noticias de países extranjeros".
En la actualidad, Hong Kong tiene una política de visas generosa para los periodistas, que están clasificados como trabajadores extranjeros regulares y no están sujetos a la regulación más estricta que se ve en China. También es fácil para las ONG operar en Hong Kong, con organizaciones de derechos humanos, grupos laborales y grupos de libertad de prensa, que luchan por operar en China utilizando la ciudad como base.
Los residentes no permanentes en Hong Kong pueden ser expulsados de la ciudad, independientemente de si son condenados, si se sospecha que infringen la ley.
Cambios judiciales
Una de las mayores controversias que condujeron a la aprobación de la ley fue la creación de un nuevo panel de jueces dedicados a casos de seguridad nacional, que serán designados directamente por la jefa ejecutiva.
Los analistas legales han advertido que esto podría socavar la independencia judicial, ya que le permite al Gobierno elegir jueces que simpatizan con problemas particulares.
"Una persona no será designada como juez para juzgar un caso relacionado con un delito que ponga en peligro la seguridad nacional si ha hecho alguna declaración o se ha comportado de alguna manera que ponga en peligro la seguridad nacional", señala la ley.
Agrega que los juicios con jurado pueden suspenderse cuando se considere necesario, con casos juzgados por un panel de jueces.
Más allá de esto, ciertos casos también se pueden entregar directamente a las autoridades chinas para su enjuiciamiento, con la Oficina de Protección de la Seguridad Nacional tomando la delantera, aplicando la ley y las normas legales chinas.
La Oficina "iniciará una investigación sobre el caso, la Fiscalía Suprema del Pueblo designará un cuerpo fiscal para procesarlo y el Tribunal Popular Supremo designará un tribunal para juzgarlo", dice la ley.
Al ejercer este poder, los miembros de la Oficina "no estarán sujetos a la jurisdicción de la Región Administrativa Especial de Hong Kong", y la Policía de la ciudad está obligada a ayudar en sus funciones y evitar que alguien las obstruya.
No está claro si dichos casos serán transferidos a China continental o si serán procesados en Hong Kong por fiscales chinos. La propuesta de ley de extradición a China fue lo que inició las masivas protestas antigubernamentales del año pasado.
China tiene una tasa de condenas notoriamente alta, especialmente en casos de seguridad nacional, y es criticada regularmente por enjuiciamientos politizados en los que a los acusados se les niega el acceso a abogados.
¿Qué viene después?
Durante semanas, los funcionarios de Hong Kong y el Gobierno central de China han estado asegurando a los miembros del público que la ley se aplicará selectivamente y solo afectará a un pequeño número de personas.
Luego de su aprobación, el martes, un portavoz del Gobierno de Hong Kong reiteró que la ley "se dirige a una minoría extremadamente pequeña de delincuentes, mientras que la vida y la propiedad, así como diversos derechos y libertades básicos legítimos de la que goza la abrumadora mayoría de los ciudadanos estarán protegidos".
"No hay nada de qué preocuparse a los ciudadanos de Hong Kong en el ejercicio de estos derechos legítimos", agregó.
Queda por ver si esto es cierto, y puede que no se sepa durante meses, hasta que se inicien los primeros procesamientos legales. Pero el efecto escalofriante ya visto esta semana sugiere que las repercusiones de la ley se extenderán mucho más allá de los casos individuales.
Hong Kong ha sido conocida por mucho tiempo como una "ciudad de protesta", con un movimiento de oposición vibrante, medios sin cadenas y un discurso público dinámico. La ley de seguridad nacional parecería apuntar a todo esto, y podría remodelar la ciudad para siempre.