Seguirá el control de los precios en el marco de la cuarentena
(CNN Radio Argentina)-- La secretaria de Comercio Interior, Paula Español, anunció este miércoles en CNN Radio que los controles de precios se van a extender en el marco de la cuarentena después de un período "positivo" de fiscalización y denunció que siete empresas Fintech fueron denunciadas por estafa y usura crediticia contra jubilados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo.
"Vamos a garantizar" los controles de precios en los comercios de todo el país que el gobierno retrotrajo al 3 de marzo pasado "porque mientras siga este contexto deben contenerse. Debemos garantizar que el bolsillo de los argentinos no se vea dañados en una coyuntura como la actual", sostuvo la funcionaria en CNN Primera Mañana que se transmite en dúplex con CNN en Español.
Español dijo que las inspecciones en los distintos comercios de todo el país, "después de cinco o seis semanas, nos dejan un resultado positivo" con la colaboración de las provincias, los municipios y la Afip.
"Por supuesto no fue perfecto el cumplimiento, pero tenemos un alto acatamiento de los precios en lo que hace especialmente en alimentos, bebidas, limpieza e higiene personal", indicó.
La funcionaria dijo que "cuando no se cumple" con las disposiciones oficiales "se avanza con la clausura preventiva o con el expediente de multas" y precisó que "se está logrando el abastecimiento que es un elemento para garantizar en el contexto en que estamos" hoy.
"Este abastecimiento es importante. Podemos decir que a lo largo y ancho de Argentina, salvo algunas excepciones como alcohol en gel y lavandina, el resto de los productos están abastecidos en todo el país", aseveró.
Estafa y usura
Español se refirió además a las denuncias contra siete empresas Fintech, que prestan servicios de crédito y que fueron acusadas de estafa y usura crediticia contra jubilados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUF).
Al respecto, dijo que su secretaría consolidó "una gran cantidad de denuncias, más de 500 en los últimos tiempos, que tenían que ver con la dinámica de ofrecer créditos y después comenzar a debitar, aunque no se hayan aceptado o prometer créditos y empezar a cobrar gastos administrativos".
Dijo además que "incluso" cuando se otorgaban estos créditos estas empresas, según la denuncia, "cambiaban las condiciones durante el proceso sin ser muy transparentes" y señaló que "los cálculos se hacían totalmente usurarios con tasas de 1.500 por ciento, muy elevadas".
"Se aprovechaban de aquellos que tienen menos recursos de información o tienen necesidades. Los más damnificados han sido jubilados y los que reciben la Asignación Universal por Hijo. La secretaría inició una imputación administrativa por incumplir la Ley del Consumidor y como hay un presunto delito penal se inició una causa en el fuero correspondiente", afirmó.
Y concluyó: "Hay cuatro (empresas) que tienen denuncias penales porque son delitos muy graves".